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POR UN PODER JUDICIAL INDEPENDIENTE Y DESPOLITIZADO


POR UN PODER JUDICIAL INDEPENDIENTE Y DESPOLITIZADO

El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) ha vuelto a recomendar a España recientemente que avance en la despolitización de los nombramientos de los miembros del CGPJ y, en consecuencia, de los jueces y magistrados de nuestros tribunales, especialmente de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Sabia recomendación que parece que los partidos mayoritarios no están dispuestos a atender porque no quieren perder esa influencia indirecta en el poder judicial que les otorga el actual sistema de designación en que intervienen el gobierno y el parlamento.

No hay motivos objetivos a priori para desconfiar de la calidad técnica y ética de los integrantes del CGPJ ni de los jueces y magistrados designados para sus cargos por aquellos, pero es inevitable que la intervención partidista en los procesos de designación siembre una sombra de duda sobre una posible politización de la cúpula del poder judicial, sombra que se extiende –por el mismo motivo- al Tribunal Constitucional.

 En un país con una clase política no precisamente muy prestigiosa y con innumerables casos de corrupción entre las filas de los partidos, y con casos que acaban siendo enjuiciados por los jueces en cuya cadena de designación han intervenido esos mismos políticos en el inicio, es razonable que desde el GRECO y desde muchas instancias sociales se reclame un cambio en el sistema para despolitizar el poder judicial y evitar cualquier sombra de posible interferencia de los partidos en la administración de justicia.

AVANZA apuesta claramente por el cumplimiento de la recomendación del GRECO. Cualquier fórmula que implique que la designación de quienes designarán a los integrantes de nuestros más altos tribunales se hace sin intervención de los partidos políticos nos parece bien, incluso el sorteo entre candidatos que cumplan condiciones objetivas de profesionalidad y sean propuestos por los propios operadores jurídicos.

Cabría pedir a PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos, así como a los que gobiernan en las Comunidades Autónomas, que renuncien voluntariamente a sus potestades actuales en materia de designación y propuesta de cargos en el CGPJ y en los tribunales de justicia, por amor a la buena imagen del poder judicial, pieza clave para la credibilidad y salud de un Estado de derecho. Si no lo hacen, se podría pensar que algún interés espúreo les mueve.

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